Descripción
Nota del editor
Apuntábamos en la Nota del Editor de la primera edición de este libro, en febrero de 2008, que:
“Causa General es un libro difícil. Salió a la luz en 1943 ante la necesidad del Régimen del general Franco de llamar la atención del mundo occidental en relación con la barbarie vivida en España en los años tristes de la Guerra Civil, y que estaba oculta por la tragedia que desde 1939 asolaba al mundo. Las cartas de la política internacional empujaban al Régimen al ostracismo y la repudia, quedando de este modo sus causas de origen relegadas al desconocimiento y al olvido. Hoy, en que parece que nuestra actual democracia enlaza directamente con la II República, ignorando las causas que engendraron la Guerra Civil, y la Guerra Civil misma, así como el Régimen que la siguió y nuestro primer periodo democrático –la Transición–, traemos este texto de referencia, que no es una elucubración más sobre algunos de los hechos, sino los hechos mismos; un breve resumen de una actuación judicial mucho más extensa, cuya documentación exhaustiva está al alcance de los ciudadanos de a pie, así como de los investigadores que lo deseen, en los estantes del Archivo Histórico Nacional. Nuestro más profundo respeto a las miles de víctimas de la barbarie, que no de la guerra, que aparecen en estas páginas.”
Hoy, en junio de 2009, al presentar esta segunda edición de Causa General, reiteramos punto por punto los conceptos expresados y tenemos ocasión de aclarar algunas cuestiones que, necesariamente, tenía que suscitar nuestra decisión editorial del pasado año.
El anuncio de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. (BOE nº. 310 de 27 de diciembre de 2007), conocida como Ley de Memoria Histórica, fue una bocanada de esperanza para aquéllos que esperaban un auténtico punto final al enfrentamiento –ayer violento, hoy ideológico– entre los españoles.
Bastó leer el contenido de la citada Ley para concluir que ésta no cerraba sino que ampliaba la brecha existente. Y es que desde el segundo párrafo de la Exposición de motivos ya contradice su propio enunciado y de-ja claro a quién se le va a reconocer y ampliar sus derechos y para quiénes se van a establecer medidas de favor:
“El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el período democrático, en favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió.”
La sutil diferencia entre el durante la guerra civil del enunciado de la Ley, y las consecuencias de la guerra civil del segundo párrafo de la exposición de motivos de la misma, no dejaría de ser anecdótica si no sirviese para dejar de hecho fuera de la ley a aquella mitad de españoles que también luchó por su libertad y por sus ideales, que también aportó a la tragedia muchas decenas de miles de víctimas causadas por la represión republicana –más las decenas de miles de muertos en los frentes de batalla–, y que finalmente ganó la guerra.
Es nuestra obligación, por tanto, no contribuir a la consolidación, ya inevitable, de una visión parcial de nuestra Historia que niega, al olvidar, una parte muy importante de la misma, poniendo a disposición de los lectores textos que consideramos complementarios de la Memoria Histórica oficial, y de gran valor testimonial e historiográfico.
Y dado que este proceso oficial de formación de la opinión afecta de forma negativa e incluso sectaria a uno de los lados de la contienda civil –nuestra actitud sería exactamente la misma si la tropelía se cometiera en sentido contrario-, aun sin ser éste el lugar idóneo, traemos de testigo imparcial de aquellos hechos a Miguel de Unamuno, cuyo pensamiento y actitud también están siendo cuidadosamente reciclados, desde hace años.
Sirva pues su Manifiesto[1], escrito de su puño y letra semanas antes de su muerte, que se producía el último día del año fatídico de 1936, de testimonio próximo y de reflexión para unos y para otros de lo que realmente fue aquella época.
“Apenas iniciado el movimiento popular salvador que acaudilla el general Franco me adherí a él diciendo que lo que hay que salvar en España es la civilización occidental cristiana y con ella la independencia nacional, ya que se está aquí, en territorio nacional, ventilando una guerra internacional. El gobierno fantasma de Madrid me destituyó por ello de mi rectoría y luego el de Burgos me restituyó en ella con elogiosos conceptos.
En tanto me iban horrorizando los caracteres que tomaba esta tremenda guerra civil sin cuartel debida a una verdadera enfermedad colectiva, a una epidemia de locura con cierto substrato patológico-corporal. Y en el aspecto religioso a la profunda desesperación típica del alma española que no logra encontrar su propia fe. Y a la vez se nota en nuestra juventud un triste descenso de capacidad mental y un cierto odio a la inteligencia unido a un culto a la violencia por la violencia misma.
Las inauditas salvajadas de las hordas marxistas, rojas, exceden toda descripción y he de ahorrarme retórica barata. Y dan el tono, no socialistas, ni comunistas, ni sindicalistas, ni anarquistas, sino bandas de malhechores degenerados, expresidiarios criminales natos sin ideología alguna que van a satisfacer feroces pasiones atávicas sin ideología alguna. Y la natural reacción a esto toma también muchas veces, desgraciadamente, caracteres frenopáticos. Es el régimen del terror. España está espantada de sí misma. Y si no se contiene a tiempo llegará al borde del suicidio moral.
Si el desdichado gobierno de Madrid no ha podido querer resistir la presión del salvajismo apellidado marxista debemos esperar que el gobierno de Burgos sabrá resistir la presión de los que quieren establecer otro régimen de terror. En un principio se dijo, con muy buen sentido, que ya que el movimiento no era una cuartelada o militarada sino algo profundamente popular todos los partidos nacionales antimarxistas depondrían sus diferencias para unirse bajo la única dirección militar sin prefigurar el régimen que habría de seguir a la victoria definitiva. Pero siguen subsistiendo esos partidos: Renovación Española (monárquicos constitucionales), Tradicionalistas (antiguos carlistas), Acción Popular (monárquicos que acataron la República), y no pocos republicanos que no entraron en el frente llamado popular. A lo que se añade la llamada Falange –partido político aunque lo niegue–, o sea el fascio italiano muy mal traducido. Y éste empieza a querer absorber a los otros y dictar el régimen futuro. Y por haber manifestado mis temores de que esto acreciente el terror, el miedo que España se tiene a sí misma y dificulte la verdadera paz; por haber dicho que vencer no es con-vencer ni conquistar es convertir, el fascismo español ha hecho que el gobierno de Burgos que me restituyó a mi rectoría… vitalicia! con elogios me haya destituido de ella sin haberme oído antes ni dándome explicaciones. Y esto, como se comprende, me impone cierto sigilo para juzgar lo que está pasando.
Insisto en que el sagrado deber del movimiento que gloriosamente encabeza Franco es salvar la civilización occidental cristiana y la independencia nacional, ya que España no debe estar al dictado ni de Rusia ni de otra potencia extranjera cualquiera puesto que aquí se está librando, en territorio nacional, una guerra internacional. Y es deber también traer una paz de convencimiento y de conversión y lograr la unión moral de todos los españoles para rehacer la patria que se está ensangrentando, desangrando, arruinándose, envenenándose y entonteciéndose. Y para ello impedir que los reaccionarios se vayan en su reacción más allá de la justicia y hasta de la humanidad, como a las veces tratan. Que no es camino el que se pretenda formar sindicatos nacionales compulsivos, por fuerza y amenaza, obligando por el terror a que se alisten en ellos a los ni convencidos ni convertidos. Triste cosa sería que al bárbaro, anti-civil e inhumano régimen bolchevístico se quisiera sustituir con un bárbaro, anti-civil e inhumano régimen de servidumbre totalitaria. Ni lo uno ni lo otro, que en el fondo son lo mismo.”
Para finalizar, unas líneas más con las palabras escritas por el mismo Unamuno, posteriores al Manifiesto reproducido, y dirigidas al escritor Nikos Kazantzakis, rebatiendo nuevamente la especie según la cual al final de su vida se arrepintiera de apoyar a los sublevados, coartada en la que se basan quienes, al recuperar a Unamuno, lo hacen sectariamente convirtiéndole en “uno de los suyos”, cuando lo que siempre fue uno de los nuestros, es decir, de todos los españoles.
“En este momento crítico del dolor de España, sé que tengo que seguir a los soldados. Son los únicos que nos devolverán el orden. Saben lo que significa la disciplina y saben cómo imponerla. No, no me he convertido en un derechista. No haga usted caso de lo que dice la gente. No he traicionado la causa de la libertad. Pero es que, por ahora, es totalmente esencial que el orden sea restaurado. Pero cualquier día me levantaré –pronto– y me lanzaré a la lucha por la libertad, yo solo. No, no soy fascista ni bolchevique; soy un solitario.”
[1] Manuel María Urrutia, Un documento excepcional: El manifiesto de Unamuno. Universidad de Deusto (Bilbao).
Prólogo de Ricardo de la Cierva (2ª Edición de Akrón, 2009)
La Causa General son dos realidades muy diferentes. En primer lugar, la Causa General Archivo y en segundo término, la Causa General Libro.
La Causa General como institución fue creada por impulso del General Franco en 1940 y puesta bajo la dependencia del Ministerio Fiscal, vinculado a su vez al Ministerio de Justicia. Fue una institución poderosa en el régimen de Franco que pretendió atribuirse funciones exclusivas de censura y orientación sobre la historia de la Guerra Civil Española. Con este motivo, recibí de la Causa General una crítica injusta y mendaz contra la cual recurrí personalmente al General Franco que me dio totalmente la razón. Ahora me impresiona que los herederos de la Causa General acudan precisamente a mí para que escriba el prólogo definitivo de este libro.
La Causa General-archivo es un importantísimo conjunto documental que se ha aprovechado de manera muy insuficiente e incompleta por muchos historiadores que no han saludado sus legajos pero se han atrevido a pontificar sobre ellos. Aún así la Causa General-libro es un documento esencial para su época si bien no constituye más que un esbozo de la espléndida documentación que se guarda en la Causa General-archivo.
La Causa General-libro ha tenido varias ediciones. La primera, del año 1943, lleva un prólogo un tanto obsequioso pero correcto del entonces Ministro de Justicia, D. Eduardo Aunós. La edición de 1943 incluye, además, una nota explicativa en que se aclara la creación de la Causa General por decreto de 20 de abril de 1940. En febrero de 2008, editorial Akrón publicó al frente de la obra un prólogo de D. Eulogio López Escribano.
Hace unos días en el mes de junio de 2009, he publicado en editorial Fénix un libro titulado “113.178 caídos por Dios y por España” que lleva como subtítulo “Baltasar Garzón un juez contra la historia” y con la inclusión de una lista nominal de víctimas pertenecientes al bando nacional en dos discos dvd´s, que equivalen a seis mil páginas de texto detallado. El juez Garzón, cuyos evidentes conocimientos jurídicos no se corresponden con una cultura histórica elemental, fue tratado duramente por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la que pertenece, cuando tres días después de la publicación de mi libro en el que colabora mi distinguido amigo D. José Antonio Argos al frente de un equipo informático admirable, fue descalificado inmediatamente por votación muy mayoritaria del pleno de la Audiencia Nacional que le declaró incompetente en el caso de la responsabilidad del General Franco más una treintena de colaboradores por haberse alzado en armas contra la Segunda República. El juez Garzón no da demasiadas muestras de conocer la Historia auténtica de la Segunda República y de la Guerra Civil y cuando escribo estas líneas el Tribunal Supremo se ratifica en su repudio de la compatibilidad del magistrado.
En 1936, después de las elecciones fraudulentas del Frente Popular, el jefe de la oposición del centro-derecha, profesor José María Gil Robles, resumió la profunda razón del General Franco y sus compañeros de alzamiento en estas palabras: “Media nación no se resigna a morir y si no reacciona por un lado, lo hará por otro”. Semanas después la masonería tan vinculada al Frente Popular, ordenó y ejecutó el vil asesinato del jefe de la oposición monárquica D. José Calvo Sotelo. Media nación no se resignó a morir y se lanzó en un plebiscito armado (expresión de los obispos españoles el 1 de julio de 1937) contra los desmanes y el desgobierno del Frente Popular.
Aunque la Causa General-libro está escrita inevitablemente en el lenguaje de la época y resulta, como he dicho antes, muy incompleta es pese a ello, un importantísimo documento para explicar la realidad del alzamiento nacional, una expresión que no se inventó en la Guerra Civil, sino en la Guerra de la Independencia de 1808. Editorial Akrón con un gran sentido histórico pone de nuevo a disposición de los lectores españoles este documento excepcional emanado de la media España que no se resignó a morir.
Ricardo de la Cierva, Catedrático de Historia Contemporánea
Prólogo de Eduardo Aunós Pérez (Edición de 1943)
La Historia cuyos testimonios se sirven en las páginas que siguen no es tan remota que haya disipado su siniestro fulgor. En realidad, los españoles mayores de edad hemos vivido en el escaso trienio que duró nuestra contienda el fragmento más punzante y angustiado de nuestra vida colectiva. Apenas han transcurrido cuatro años desde aquella gloriosa sencillez del parte de guerra postrero, por el que el Caudillo anunciaba con espartano acento el fin de la tragedia española, y tan breve lapso de tiempo ha sido suficiente para que la vehemencia, indignada, expresase su agravio y fulminase su honda condenación. Los arrebatos irrefrenables han vertido todo su depósito de irritaciones justísimas, y, una vez aligerado de ese peso, el español ha vuelto a su andadura normal, tendiendo la mano a aquellos de sus adversarios que lo fueron por ignorancia o engaño, recorriendo junto a ellos, en casi todos los casos, el espinoso azar de la hora presente, recuperándoles para el trabajo noble y desinteresado del engrandecimiento patrio. Es la consecuencia del proceso espiritual cristiano que caracteriza cumplida y noblemente al pueblo español, capaz de vociferar su pasión, que está impaciente por airear, pero que, una vez comunicada, extingue su encono epidérmico, desvanecido en aras de una generosidad que nadie osaría en el mundo discutirnos. Quien no sabe que en plena guerra se excarcelaron millares de condenados; quien olvida que el ritmo de libertades condicionales ha seguido después de la paz en progresión creciente, hasta dejar sólo en las cárceles delincuentes de derecho común sobre los que pesan gravísimos delitos, no podrá nunca medir la grandeza de alma de quien rige los destinos de España por voluntad de Dios y heroico tino de su espíritu, siempre desvelado y tenso al servicio de la Patria.
Pues bien; ahora, cuando las voces de iniciativa propia se han adormecido tras la ronquera de los momentos primeros; ahora, cuando el generoso corazón de nuestro Caudillo ha dado las más prudentes muestras de su magnanimidad, haciéndolas compatibles con el irrenunciable espíritu de justicia que hubiera sido cobardía desconocer; ahora, en el momento en que el Estado nuevo colma los anhelos de equidad y supera las dificultades tremendas de una etapa tormentosa, lanza a la publicidad su pieza fiscal en relación con nuestra guerra fratricida y la ominosa época que la precedió. Ante la conciencia nacional, aletargada por el bienestar de una paz milagrosa, que sólo debe a Dios y al Caudillo, sitúa de nuevo la visión apocalíptica de tantos héroes condenados al suplicio cruento, y de las masas enfebrecidas por la ola de crimen y de sangre que abrió el marxismo y sus aliados. No queremos destacar un solo nombre de los que cayeron, ni siquiera el de aquél que con más claridad que nadie avizoró el amanecer de la España triunfante. Anhelamos que sobre todos los mártires benditos de la Cruzada campee el mismo profundo rezo del alma española, encendido en el más puro fervor religioso y patriótico.
Nadie que lea claramente en la verdad desnuda que con este libro entrega a la opinión mundial el Nuevo Estado podrá atribuir su publicación a otro móvil que el que la inspira. Ni se trata de remover llagas que tienden a cicatrizar, ni de mantener constante una hoguera en la que se calcinen los mejores sentimientos de los españoles. Se está en el deber, en cambio, por parte de un Estado fortalecido sucesivamente por el dolor, por la victoria y por la sabia dirección de su insustituible Jefe, de señalar documentalmente la verdadera ocurrencia de los hechos que cubrieron de luto y de oprobio a nuestra Patria. Nos acucia la obligación de dejar sentada la culpabilidad de quienes produjeron o facilitaron la criminalidad ambiente que se enseñoreó de España. Y esta labor que nos incumbe no se verifica más que por razones de estricta necesidad, que nos empujan a mostrar al Mundo una justificación, no de nuestra política, no de nuestra gestión gobernadora, sino de esa conciencia sana y universal que, sin leer los alegatos y pruebas que publicamos a continuación, ya nos concedió desde el primer día el aliento de su opinión y la repulsa de cuanto nos era adverso. Vamos, pues, a dar razones para que esa opinión sana de allende las fronteras siga dispensándonos una adhesión que no nos ha negado nunca.
Publicamos también este libro con un propósito bien definido de convite a la meditación. Nos podemos permitir desde la cima de la política menos rencorosa en que nos hallamos hacer un llamamiento a todos los españoles. El de que lean todo lo incontrovertible que contienen estas páginas y cedan a la reflexión las horas más hondas de su sinceridad. Quienes verdaderamente se estimen ciudadanos de España, y cuantos en el Mundo nos quieren, no podrán menos de sentirse abochornados ante esta evocación de la barbarie que hubimos de padecer. Pensemos todos y cada uno en la parte que nos está asignada, la tarea indispensable que nos incumbe para evitar la repetición de aquellas infamias, y España se habrá salvado de esa posibilidad, si es que algún día vuelve a acecharla por las esquinas de la ocasión.
En todo caso, creemos que los más avergonzados habrían de ser quienes por complacencia, por frivolidad o pereza consintieron la instalación del oprobio en los centros vitales de nuestra existencia como Nación. Los que han sentido la responsabilidad de su acción pasiva o de su blandura sólo pueden borrar esta grave falta convirtiéndose en los mejores defensores de la estabilidad nacional, que el Caudillo logró arrancar del caos para consagrarla como uno de los más firmes puntales del Mundo de mañana.
El Gobierno, bajo la inspiración de su generosísimo Jefe, y siguiendo sus preclaras consignas, ha hecho todo cuanto el más liberal criterio pudiera aconsejar para atraer a los descarriados no criminales, recuperándoles con amplio gesto comprensivo, para la Nueva España. Ellos han de ser la barrera inexpugnable que nos ponga a cubierto de cualquier acusación de crueldad, que no existió jamás en el campo nacional, ni incluso en medio del terrible fragor de la contienda. El Caudillo cristianísimo que nos gobierna sabe que únicamente el amor y la clemencia pueden fortalecer a los Gobiernos. La crueldad es cobardía, y nuestra guerra liberadora se ganó por el valor y el heroísmo, virtudes que sólo pueden convivir con la grandeza de corazón.
Reflexionen ante estas páginas quienes se entregan a la vida fácil y al parloteo anecdótico y banal, y también aquellos que tienen encomendada una función de responsabilidad, cualquiera que sea su rango en el vasto organismo rector del país. Sepan estos últimos que del vigor sereno con que apliquen su criterio, del uso discreto que hagan de su función, se forja día a día toda la Historia de nuestro pueblo. Urge, pues, que fortifique cada uno su conciencia, disponiéndose a bregar en el noble designio del servicio de Dios y de España.
Los documentos que publicamos a continuación son un anticipo de la Causa General informativa que el Ministerio Público ha cuidado celosamente de instruir con espíritu ecuánime de que resplandezca una verdad dolorosa, nunca adulterada por pasiones bajas ni exageraciones inaceptables. En la escueta serenidad con que se han redactado estas páginas fieles, tenemos todos los españoles el recuerdo de un peligro pasado y la norma que ha de guiarnos en lo sucesivo, en evitación de un retorno de la iniquidad.
Que Dios guarde al Caudillo en la providencial misión que le tiene encomendada y nos depare el seguro tino con que hemos de conducirnos para que a ninguno de nosotros nos caiga de la mente el nombre y el concepto de España, en cuyo honor todos sabremos ser mejores.
Diciembre, 1943
EDUARDO AUNÓS [1] Ministro de Justicia
Nota explicativa (Edición de 1943)
La Causa General, creada por Decreto de 26 de abril de 1940, ratificado por el de 19 de junio de 1943, atribuye al Ministerio Fiscal, subordinado al Ministerio de Justicia, la honrosa y delicada misión de fijar, mediante un proceso informativo fiel y veraz –para conocimiento de los Poderes públicos y en interés de la Historia–, el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la actividad criminal de las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia y los valores esenciales de la Patria, salvada en último extremo, y providencialmente, por el Movimiento Liberador.
En el cumplimiento de su misión, la Causa General –que reviste carácter exclusivamente informativo– ejerce sus funciones investigadoras en aquella parte del territorio español que estuvo sometido a la dominación roja.
La presente relación, que refleja, con carácter demostrativo y circunscrito, algunos de los resultados obtenidos, permite anticipar conclusiones evidentes:
La contienda civil desarrollada en España desde el año 1936 hasta 1939, puso al descubierto toda la capacidad criminal de un Régimen político que afirmaba defender la libertad y proclamaba el respeto a los derechos inherentes a la personalidad humana.
El Frente Popular, desde que asumió el poder, a raíz de las elecciones de febrero de 1936 –falseadas en su segunda vuelta por el propio Gobierno de Azaña, asaltante del mando político–, practicó una verdadera tiranía, tras la máscara de la legalidad, e hizo totalmente imposible, con su campaña de disolución nacional y con los desmanes que cometía o toleraba, la convivencia pacífica entre los españoles. El Alzamiento Nacional resultaba inevitable, y surgió como razón suprema de un pueblo en riesgo de aniquilamiento, anticipándose a la dictadura comunista que amenazaba de manera inminente. Al producirse, el 18 de julio de 1936, este legítimo movimiento de defensa, acaudillado por el general Franco, el Gobierno rojo llevó su crueldad a extremos difícilmente imaginables, valiéndose de sus propios agentes oficiales –improvisados por aquel Gobierno ante la pasividad y repulsa casi unánime de las instituciones de Orden Público existentes–, y dando rienda suelta a los bajos instintos de las turbas, armadas por el propio Gobierno, y de numerosos delincuentes comunes, dotados igualmente de armas y de autoridad, extiende el terror por toda España sometida al marxismo. Durante mucho tiempo se suceden los asesinatos en masa, acompañados frecuentemente de ensañamiento, y casi siempre de robo. La Religión es perseguida a muerte, y la propiedad es socializada o simplemente expoliada. Los militares –aunque no hayan participado en el Alzamiento– son asesinados, por el único motivo de su profesión. La vida de toda persona residente en la zona marxista se encuentra a merced del capricho de las checas o de cualquier miliciano, sin que la víctima pueda salvar su vida invocando unos antecedentes políticos liberales, siendo la clase media la que aporta mayor tributo de sangre. El Partido Comunista, inspirado desde el extranjero, es el verdadero árbitro de la política del Frente Popular.
Este cuadro expresivo del comportamiento del Régimen vencido constituye una verdad histórica indiscutible. Pero, por si no bastase la notoriedad de tales hechos, la investigación realizada por los Magistrados del Ministerio Público, instructores de la Causa General, demuestra la criminalidad del Frente Popular, ante el Mundo y ante la Historia, con las máximas garantías de seriedad y certeza.
No se insiste en el actual momento sobre casos ya expuestos y argumentos aducidos a su debido tiempo sobre la ilegitimidad, tanto en la obtención del Poder como en el abusivo ejercicio del mismo por el Frente Popular. La actual relación se dirige fundamentalmente a poner de relieve la criminalidad del referido conglomerado político durante la contienda civil española. Y representa un avance informativo, que se contrae únicamente a determinados aspectos y episodios representativos de especial interés, dedicando una preferente atención a Madrid, que, como capitalidad de un Gobierno que pretendía ser legítimo y como sede del movimiento socialdemócrata, que solía blasonar de sensatez y moderación, habría hecho presumir en sus Autoridades y elementos políticos responsables una conducta más conforme al derecho de gentes.
Los documentos y actuaciones que sirven de comprobación a las afirmaciones que la presente relación consigna, constituyen una mínima parte de la documentación y colecciones fotográficas obrantes en los Archivos ocupados por las Autoridades nacionales al ser liberada la que fue zona marxista, así como de aquellas declaraciones testificales de importancia prestadas ante los Organismos de orden judicial.
[1] Eduardo Aunós Pérez (1884-1967). Político y pensador español, doctor en Derecho. Catalán, secretario político de Francisco Cambó, fue diputado en Cortes en 1916 y 1921. Ministro de Trabajo, Comercio e Industria en el primer Gobierno civil de Miguel Primo de Rivera. En 1929 fue nombrado presidente de la XIII Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra. Se exilió en Francia durante la II República. Se unió a los sublevados el 18 de julio de 1936, ocupando diversos cargos políticos y diplomáticos. Ministro de Justicia en 1943-1945. Murió en Lausanne, Suiza, en 1967.
Publicó las siguientes obras: Almas amorosas (1910); Problemas de España (1921); La Organización Corporativa del Trabajo (1928); Las Corporaciones del Trabajo en el estado moderno (1928); El estado corporativo (1928); La organización corporativa y su posible desenvolvimiento (1929); Estudios de Derecho Corporativo (1930); La Reforma corporativa del Estado (1935); Itinerario histórico de la España contemporánea 1808-1936 (1940); Calvo Sotelo y la Política de su tiempo (1940); Epistolario (1916-1941); Cartas político-literarias (1941); La política social de la Dictadura (1944).
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